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Una economía verde: un horizonte necesario para la política económica de nuestros días

En el mundo actual, la mayoría de las estrategias de crecimiento económico de las diferentes naciones promueven una importante acumulación de capital físico, financiero y humano a costa de un agotamiento y degradación excesivos del medio natural del cual forman parte los recursos naturales y ecosistemas. Por este motivo, el crecimiento económico no puede seguir impulsándose a expensas del aumento de los riesgos ambientales, la degradación de la biosfera, las escaseces ecológicas y el aumento de la desigualdad social.

Es necesaria una transición hacia una Economía Verde, ofreciendo nuevos incentivos y medidas de política, abriendo espacios de reflexión y participación entre las diferentes administraciones públicas territoriales, el sector privado empresarial, el sector de conocimiento (universidades, sector científico, centros de asesoramiento tecnológico, agencias de desarrollo regional y local), así como las organizaciones de la sociedad civil, a fin de abordar dicha transición desde cada uno de los distintos ámbitos territoriales.

La incorporación de un enfoque de desarrollo territorial parece necesaria ya que la transición hacia una Economía Verde es muy diferente según cada contexto territorial, social y medioambiental. No son suficientes, pues, las aproximaciones de carácter general o a escala de los respectivos Estados nacionales, ya que éstas son insuficientes para operar en la práctica del Desarrollo Sostenible (y en la transición hacia una Economía Verde como parte sustancial del mismo). Asimismo, no sólo se trata de actuar en diferentes escenarios territoriales concretos, sino que ello debe llevarse a cabo con la participación efectiva de los diferentes actores locales.

En el informe “Hacia una Economía Verde” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2011) se señala que la aplicación de consideraciones ambientales en las diferentes economías permite ofrecer beneficios tangibles al sector privado empresarial y al conjunto de la población, contando asimismo con los medios para llevar adelante dicha transición.

Como señala el PNUMA, una reasignación de 1,3 billones de dólares USD al año, esto es, un 2% del PIB mundial, hacia inversiones verdes en diez sectores económicos fundamentales (Agricultura, Construcción, Suministro de Energía, Pesca, Silvicultura, Industria, Turismo, Transporte, Gestión de residuos, y Agua), con el fin de orientar el desarrollo y los flujos de capital público y privado hacia actividades con bajas emisiones de carbono y eficientes en la utilización de recursos y materiales, permitiría mejorar el rendimiento económico e incrementar la riqueza mundial, al tiempo que se mejorarían las reservas de recursos naturales, se reducirían los riesgos ambientales y se reconstruiría nuestra capacidad para generar una mayor prosperidad en el futuro.

No es cierto, pues, que la transición hacia una Economía Verde suponga un obstáculo a la creación de riqueza o la generación de empleo. Son muchas las oportunidades que ofrece el reverdecimiento de los diferentes sectores económicos y la creación de “empleos verdes”, junto al impulso de una política de desarrollo económico local en los diferentes ámbitos territoriales, a fin de enfrentar de forma sustantiva las situaciones existentes.

En el modelo productivo y energético actual (junto a su correspondiente modelo de consumo), se ha venido dando en las últimas décadas una asignación del capital que ha priorizado las inversiones en combustibles fósiles, sector automotriz privado y sector aéreo, construcción de viviendas y propiedades inmobiliarias, grandes infraestructuras, e inversiones financieras de carácter especulativo, a costa de las inversiones en energías renovables, eficiencia energética, transporte público, agricultura sostenible, protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, conservación del suelo y de los recursos hídricos, así como la mejora de la educación y la formación de los recursos humanos, y de la investigación y desarrollo para la incorporación de innovaciones en todos estos ámbitos.

El funcionamiento libre de los mercados está llevando consigo, pues, a una mala asignación de recursos, aunque ésta es muy rentable para las grandes empresas y grupos de poder. De este modo, se hace necesario incorporar regulaciones, políticas e inversiones públicas adecuadas para favorecer los cambios necesarios en el modelo productivo y energético y exigir a las empresas que rindan cuentas sobre sus actuaciones a nivel social y ambiental.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la Economía Verde como “un nuevo modelo de desarrollo económico destinado a mejorar el bienestar de los seres humanos y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas” (PNUMA, 2011). En otras palabras, se trata de una economía baja en carbono, que hace un uso eficiente de los recursos y es socialmente inclusiva. En una Economía Verde, el crecimiento económico y el empleo deben ser resultado de inversiones públicas y privadas cuyo objetivo sea promover el uso eficiente de recursos naturales (energía, agua y materiales); reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero; evitar la pérdida del patrimonio natural, y asegurar los bienes y servicios de los ecosistemas.

Los bienes y servicios de los ecosistemas son los que mantienen la vida humana en el planeta a través de funciones de regulación atmosférica y climática, amortiguación de perturbaciones, regulación del ciclo del agua y disponibilidad de los recursos hídricos, sujeción y formación del suelo, regulación de nutrientes, procesado de residuos, polinización de los cultivos y de la vegetación natural, mantenimiento de la biodiversidad, conversión de energía solar en alimentos y biomasa, y provisión de recursos genéticos y medicinales, entre otros.

La Economía Verde incluye, pues, los recursos humanos, el capital físico y financiero, la tierra y los recursos naturales, así como las actividades de la producción, comercio, distribución y consumo de bienes y servicios. Esta economía requiere cambios importantes en la agricultura y el suministro de alimentos, sistemas de transporte, servicios públicos, comercio, empresas e industria, vivienda y desarrollo urbano, sistemas de educación, ciencia, desarrollo e innovación, así como la regulación del sistema financiero internacional.

Asimismo, su creación exige cambios en los marcos político e institucional, así como en la organización territorial de la producción y los sistemas de apoyo al desarrollo de la producción y el consumo sostenibles, junto a la inversión en educación ambiental y en investigación y desarrollo para las innovaciones verdes, junto al despliegue eficiente de una gestión sostenible de los residuos desde los diferentes ámbitos e instancias municipales.

La Economía Verde exige, pues, una perspectiva sistémica, esto es, integradora de los enfoques económico, social, institucional y ambiental, lo cual implica:

  • Una superior valoración del medio natural y la importancia de los bienes y servicios que prestan los ecosistemas en el funcionamiento de la economía y la sociedad,
  • Una apuesta decidida para la educación cultural y medioambiental en nuestras sociedades,
  • Una descentralización política e institucional para atender adecuadamente la especificidad de cada ámbito territorial en estos temas decisivos, lo que supone la incorporación de un enfoque de desarrollo territorial como parte sustantiva del diseño e implementación de las estrategias consensuadas por todos los actores locales clave.
  • La inclusión de una contabilidad verde, que incorpore los costes totales y las externalidades negativas ambientales y sociales generadas por las empresas y la acción humana en general.

Hay que subrayar que el concepto de Economía Verde no viene a sustituir al de Desarrollo Sostenible. Se trata de la convicción de que el logro de este último requiere una economía diferente a la actual, con otros incentivos y valores culturales básicos. Como señala el PNUMA (2011), durante décadas, la creación de riqueza ha seguido un modelo de “economía marrón” que no aborda de manera sustancial problemas como la marginación social, la desigualdad y el agotamiento de los recursos naturales.

Para llevar adelante este cambio hacia una Economía Verde se requieren, por tanto, cambios en la política fiscal, reforma y reducción de subsidios con efectos perjudiciales para el medioambiente, inversión pública para reverdecer sectores clave, incorporación de criterios ambientales en las compras públicas, y mejora y ejecución de normas y regulaciones favorecedoras del medioambiente.

Igualmente, es necesario disponer de indicadores apropiados para poder monitorear el avance hacia la Economía Verde, ya que los indicadores económicos convencionales, como el PIB, no reflejan el agotamiento de los recursos naturales o la degradación de la capacidad de los ecosistemas como consecuencia de las actividades de producción y consumo. La incorporación de un Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada como el que ya dispone la División de Estadística de las Naciones Unidas resulta totalmente necesaria para un tipo de contabilidad verde.

Francisco Alburquerque, Especialista en Desarrollo Económico Local

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