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Escenario de actuación de las agencias locales de empleo de responsabilidad municipal a partir del 2014 en Euskadi

Desde la entrada en Vigor de la LRSAL, se abre un periodo de incertidumbre para todos aquellos organismos y entidades que bien de manera directa o indirecta, están desarrollando y ejecutando políticas activas de empleo desde el ámbito local y con financiación autonómica. En el caso del País Vasco, vía Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.

A tenor de lo dispuesto en el Art. 7 de la citada ley, existe un margen para que desde los ayuntamientos se gestionen estas políticas activas de empleo, sin ser una competencia propia o atribuida por delegación. Ahora bien, deben de cumplirse dos preceptos: que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Lo cierto es, que el asunto es de una complejidad máxima por tres razones:

  • La indefinición del catálogo de servicios y la asignación de los mismos entre el sector privado y público en las políticas activas de empleo.
  • La nueva Ley de Agencias Privadas de colocación.
  • En el caso del País Vasco, la tutela financiera que ejercerán las diputaciones sobre los ayuntamientos y el papel que jugarán las mismas en los modelos habituales de financiación de Lanbide a las entidades locales.

Los ayuntamientos que no dependan de los recursos económicos de los servicios autonómicos de empleo para desarrollar políticas activas de empleo, podrán seguir haciéndolo por su cuenta y riesgo, siempre y cuando cumplan con los requisitos antes citados; en Euskadi los que opten por ese camino, no les saldrá a cuenta seguir siendo “centro colaborador de Lanbide” dado que, al no ser financiados por este organismo, tampoco van a seguir sirviéndole de infraestructura operativa en el territorio de manera gratuita.

El asunto no es baladí. Si por ejemplo un ayuntamiento decide realizar formación en un determinado campo o área de la formación para el desempleo (en el que entiende es necesario incidir para la mejora de la inserción socio laboral de sus ciudadanos) y cualquier entidad o empresa del sector de la formación plantea un curso o programa formativo similar que Lanbide le financia mediante un decreto (327 o similar), la misma, puede impugnar ante el ministerio la duplicidad de las acciones obligando al ayuntamiento a no realizar esta acción formativa por que esta es realizada por Lanbide a través de una subcontratación en el sector privado.

Se da por tanto, un escenario en el que las empresas del sector de la formación para el empleo y los servicios públicos de empleo locales compiten por los alumnos. Máxime cuando las empresas privadas van a poder emitir certificados de profesionalidad.

Desde la parte privada se puede poner en jaque la propia voluntad de los alcaldes para desarrollar formación para el empleo desde lo público.

En segundo lugar, y esta situación se está dando actualmente, estamos ya en fraude de ley dado que las subvenciones que desde Lanbide se están dado a los ayuntamientos, ya sea vía concurrencia competitiva como el decreto 327 o bien, las propias “Ayudas Locales para la creación de empleo”, que destinan 20 millones de euros en 2014 y 2015 para que los ayuntamientos elaboren y ejecuten planes locales de empleo, son actualmente ilegales. Más aún, cuando las mismas están condicionadas a la cofinanciación municipal.

Según la LRSAL, la delegación conlleva un periodo de cinco años e iría acompañada del 100% de financiación del coste efectivo del servicio. Es decir, aunque admitamos la vía de las subvenciones como instrumento para la delegación de competencias y obviemos los cinco años (que es algo así, como admitir pulpo como animal de compañía), para que los ayuntamientos realicen políticas activas de empleo, en ningún caso un interventor podría digerir la cofinanciación. Por ello, actualmente estamos y estaremos en una situación de indefensión e incertidumbre jurídica.

Aquí es donde la Ley de Agencias Privadas de Colocación puede terminar de complicar el asunto ya que en la misma, se establece que operadores privados del mercado de trabajo podrán operar libremente en todo el territorio nacional. Aunque no tengan la sede en la comunidad autónoma en cuestión. Optarán por ello, a los lotes de incentivos a la colocación, por ejemplo de colectivos desfavorecidos que la citada ley prevé. Es decir, cualquier multinacional de servicios de intermediación laboral que decida entrar a operar en el País Vasco, podrá igualmente denunciar a Lanbide  si este, sigue financiando a los ayuntamientos sin delegación expresa para que desde los mismos se coloquen a colectivos en riesgo de exclusión. Colectivos que por cierto, dónde realmente pueden tener una vía de inserción es a través de planes de empleo municipales montados “ad-hoc” para ellos. Son los ayuntamientos los que disponen en la gestión cotidiana del municipio, de los suficientes trabajos y áreas de mantenimiento apropiadas para que estas personas adquieran una experiencia laboral adecuada.

Así las cosas, el sector privado del mercado laboral está siendo sometido a una ralentización y estancamiento de sus inversiones como consecuencia de la actual incertidumbre y los servicios locales de empleo públicos operando fuera de la legalidad vigente.

Como colofón a esta situación, nos encontramos que Lanbide es un organismo autónomo que según las funciones atribuidas por la Ley 3/2011 de 16 de Octubre se encuentran entre otras, la propuesta de la ordenación y planificación general, sectorial y territorial de las políticas públicas en materias de empleo, formación para el empleo e inserción laboral, la gestión de los programas y en un plano más concreto y directamente relacionado con la dimensión local de las políticas de empleo, el diseño de programas de apoyo a las iniciativas locales generadoras de empleo promoviendo, en colaboración con las entidades locales, el desarrollo de pactos locales por el empleo.

Sin duda, una puerta abierta al desarrollo de una estrategia integral coherente y consensuada que defina con exactitud y claridad el papel de los agentes públicos y el de los privados en el mercado laboral.

No obstante, para poder empezar a trazar esta estrategia que de lugar a una clarificación y acotamiento del papel de los agentes públicos y privados (bien por la materia o bien por los destinatarios) en el mercado laboral, se hace imprescindible redefinir el papel de los agentes sociales en las políticas activas de empleo. No puede seguir ocurriendo que estos participen en la planificación diseño y control de las políticas activas de empleo y al mismo tiempo, sean también prestadores  de servicios que emanan de esta planificación y diseño de las citadas políticas. Es necesario desvincular ambas cosas.

Si queremos un escenario en el que, al igual que en el resto de Europa, convivan los servicios de empleo públicos y privados, debemos instar a Lanbide a definir un terreno de juego y una regulación restrictiva del reglamento de servicios que se deben prestar.

Bajo mi punto de vista, los servicios públicos de empleo locales no deberían prestar servicios para personas sin dificultades de inserción laboral. Es ahí, donde el sector privado tiene un amplio margen de maniobra y de negocio intermediando en el mercado laboral y prestando servicios de calidad al tejido empresarial. En cambio, existen colectivos de difícil inserción, poco atractivos para las empresas con los que desde lo local, puede desarrollarse un excelente trabajo de inserción dado que la conjunción de la financiación pública y la posibilidad de desarrollar trabajos específicos en diferentes áreas de gestión municipal en el ámbito urbano, conforman unos itinerarios de inserción socio laboral que pocos operadores del mercado laboral pueden llevar a cabo. Sólo los ayuntamientos. La prestación de unos servicios básicos de orientación, seguimiento, formación, practicas y contratos laborales, conformarían un acompañamiento integral a estas personas con dificultades de inserción, en su mayoría con muy baja cualificación. Con ello se incrementarían realmente la empleabilidad de estas personas retomando la senda de la inserción en el mercado de trabajo.

Ello, pudiera culminar con una serie de incentivos y ayudas a la contratación de estas personas en la empresa privada, una vez que hubieran desarrollado previamente este “itinerario personalizado de inserción socio laboral a través de los servicios públicos locales de empleo”.

Roberto Mar­tí­nez de Gue­reñu, Direc­tor del Dpto. de Empleo del Ayun­ta­miento de Vitoria-Gasteiz

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