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Estado y mercado, un antagonismo más ideológico que real

Cuando en los albores del capitalismo británico del siglo XIX la nueva clase ascendente, esto es, la burguesía industrial, tuvo que enfrentar los privilegios de la Corona, la Nobleza y la Iglesia, con el fin de ampliar sus horizontes de mercado, se construyó una contradicción básica que enfrenta las nociones de Estado y mercado, un antagonismo que ideológicamente sigue aún vivo en nuestros días.

Las posiciones extremas eran, de un lado, el liberalismo manchesteriano del siglo XIX, defensor de un Estado mínimo a fin de permitir el funcionamiento del libre mercado; de otro lado, se encontraba el ejercicio jerárquico de la autoridad política desde las diferentes instancias del Estado Absoluto. Desde entonces, se propagó la creencia en una autorregulación automática de los mercados que, tras un falso concepto de libertad, considera al Sector Público como sinónimo de ineficiencia y autoritarismo.

Sin embargo, la idea de que los mercados funcionan mejor sin intervención estatal es errónea. Los mercados siempre funcionan en un contexto de reglas e instituciones, y no pueden desplegar su actividad sin la existencia de infraestructuras, reglas, bienes públicos y otras importantes condiciones del entorno territorial. Así, por ejemplo, la actividad comercial requiere infraestructuras de transporte, logística, comunicaciones, así como recursos humanos cualificados y condiciones de seguridad para hacer cumplir las leyes y reglas que hacen posible el comercio.

Las instituciones que apoyan a los mercados están diseñadas para reducir lo que los economistas llaman “costes de transacción”, esto es, los costes que involucran dichas actividades. La creación de instituciones formales para la regulación de los mercados incluye entre otros aspectos sustantivos: (i) los sistemas impositivos que permiten obtener recursos financieros para asegurar la dotación de bienes públicos (infraestructura, sanidad, educación, etc.); (ii) los regímenes legales para la administración de justicia y tribunales que posibiliten el cumplimiento de los contratos; y (iii) bancos centrales que garanticen la actividad económica y el empleo en condiciones de regulación y estabilidad financiera.

De este modo, la presencia del Sector Público es muy importante en las economías avanzadas. Los países desarrollados poseen mercados que funcionan mejor porque las administraciones públicas tienen una mayor presencia en comparación con los países menos desarrollados. Hoy día, en la Unión Europea el gasto público es, en promedio, el 47% del Producto Interior Bruto, aunque hay países que exceden ese promedio como Suecia (55%), Francia (52,7%) y Dinamarca (51%), mientras otros países están por debajo del mismo, como España, Grecia y Portugal.

Según señala Dani Rodrik en su libro “La paradoja de la globalización. Democracia y futuro de la economía mundial” (2011), una de las razones del aumento del gasto público en las décadas posteriores a 1945 ha sido la apertura del comercio internacional. Existe, pues, una correlación positiva entre volumen de comercio internacional y tamaño del Sector Público. Algunos países grandes (como EEUU), o más protegidos de forma natural frente a otros competidores (como Japón o Australia), muestran un crecimiento porcentual del gasto público menor que otras economías pequeñas o próximas a sus socios comerciales (como Suecia y los Países Bajos), que poseen un porcentaje superior de gasto público sobre el producto. En Suecia y los Países Bajos este porcentaje se sitúa entre el 55 y el 60%, mientras que EEUU, Japón y Australia tienen porcentajes inferiores al 35%

La expansión de los mercados exige, por tanto, una ampliación del Sector Público desde las diferentes instancias territoriales del mismo. Esta ampliación no se debe sólo a la necesidad de garantizar la seguridad, la salud, la justicia o la gestión de la macroeconomía, sino la formación de los recursos humanos en los mercados locales de trabajo, la promoción empresarial o el impulso de los sistemas territoriales de innovación, entre otros aspectos sustantivos. Y se debe también a la necesidad de proteger a la ciudadanía de los riesgos e inseguridad propios del funcionamiento libre (o desregulado) de “los mercados”.

El Estado del Bienestar se levantó, pues, a medida que se ampliaban las relaciones en una economía abierta. Defender hoy el recorte del gasto público e intentar destruir las competencias territoriales para el desarrollo económico local y el empleo no es solo una imposición autoritaria e ideológica, es una pretensión que no ha aprendido de las enseñanzas de la historia reciente en este país.

Es preciso entender, además, tal como insiste Rodrik (2011) que si bien los Estados nacionales son indispensables para garantizar el funcionamiento de los mercados nacionales, al mismo tiempo constituyen un obstáculo para el establecimiento de los mercados globales. La falta de un marco institucional global para los mercados internacionales y las tensiones que dichos mercados provocan entre instituciones locales son aspectos fundamentales para comprender los límites de la globalización económica actual. En realidad, las formulaciones fundamentalistas en favor de la autorregulación de los mercados tratan de minimizar la influencia de los Estados nacionales y dominar sus instituciones a fin de ponerlas al servicio de los principales grupos económicos.

La crisis en el Sur de Europa muestra, pues, la creciente subordinación de las políticas gubernamentales a los intereses de las grandes corporaciones y las fracciones financieras del capitalismo global. Corresponde a las sociedades democráticas, incursionar en la arena política, mediante plataformas electorales conjuntas, que traten de enfrentar esta situación, superando las limitaciones de la democracia controlada por los grandes partidos, a fin de orientar el uso del excedente económico hacia aplicaciones productivas y de empleo sostenibles, regulando y limitando la especulación financiera, y retirando de posiciones de responsabilidad pública a los fundamentalistas de los mercados.

Fran­cisco Albur­quer­que — Espe­cia­lista en Desa­rro­llo Eco­nó­mico Local.

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