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La reforma local a debate: donde está la estrategia de la promoción económica y el desarrollo local en el País Vasco

En estos últimos meses el informe de anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado a mediados de febrero, ha sacudido los cimientos de la administración más próxima al ciudadano, y en menor medida a una sociedad abrumada por los, recortes y nuevas leyes regresivas que afectan a servicios básicos, como son la educación, la sanidad, la prestación de servicios sociales,…..Así tras un proceso de maduración previa, alegaciones, manifiestos, ect, diversas fuentes apuntan la voluntad del Gobierno para que se apruebe por el Consejo de Ministros antes de que finalice junio y con ello se inicie la tramitación parlamentaria.

En síntesis hay una opinión mayoritaria que identifica detrás de este informe tres grandes objetivos: el desmantelamiento de pequeños ayuntamientos que trasladen sus servicios básicos a las diputaciones, la posterior privatización de los mismos y la desaparición de la política local sectorial bien fuera en competencias propias o impropias.

La justificación a la reforma local no la podemos encontrar en los ajustes económicos, dado que si analizamos los datos de déficit público sobre el PIB son muy elocuentes. Así el ejercicio pasado las diversas administraciones arrojaron un déficit de más de 73.000 M€, lo que incluye lógicamente la ayuda a la banca y los retrasos en las devoluciones  fiscales, que situaron en su conjunto el 10,6 % del PIB.

Un análisis más detallado nos indica que la cuota de responsabilidad de las diversas administraciones en torno a la deuda pública o el déficit estructural se distribuye de una forma muy desigual. Los municipios o corporaciones locales asumirían exclusivamente el 1,8% mientras que las CC.AA. un 16% y la Admón. Central absorbería el 82% del total.

Por otra parte las previsiones de ahorro de esta reforma aireadas por parte del Ministro de Hacienda en torno a los más de 7,1 M€ entre el 2013 al 2015 han sido desmentidas  por el Instituto de Estudios Fiscales que paradójicamente depende del mencionado ministerio y que cifra los ahorros en su interpretación más optimista en 3,9 M€, bajo el escenario de que todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes cedieran la gestión de los servicios a las diputaciones.

Partiendo de estos datos y con la exigencia de la Unión Europea, recogida en el Programa de Estabilidad del Reino de España  y en el que cobra especial relevancia la reforma de la administración y reducción del déficit público, la primera reflexión que surge es porque este interés urgente en aprobar un decreto ley para reformar la administración que menos déficit arrastra y por el contrario la reforma de la Administración “central” se diluye en Comisiones encargadas para realizar estudios.

La  Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), integrada exclusivamente por cargos de la Administración General del Estado, lleva varios meses trabajando en torno a cuatro grupos temáticos: duplicidades; simplificación administrativa; administración institucional; y gestión de servicios y medios comunes. El plazo para entregar sus trabajos termina el próximo 30 de junio y recientemente se acompaña de un Consejo asesor. Cuando un Gobierno con mayoría absoluta quiere algo de verdad, la decisión se plasma en un decreto ley, pero cuando los políticos no quieren tomar una decisión incómoda, suelen alargar el tiempo mediante una comisión.

La respuesta a por qué empezamos por la reforma local la podemos encontrar en el escaso  reconocimiento de los municipios y corporaciones locales, considerados como el eslabón más débil de la cadena institucional. Dos argumentos nos ayudan a justificar esta afirmación, por un lado la creencia generalizada de que los ayuntamientos no dejan de ser en muchos casos más que una plataforma o escuela política de aprendizaje sobre el que proyectarse  a otras responsabilidades en otros niveles de la administración y la lectura de la historia reciente jalonada de iniciativas que nunca vieron la luz en torno a los principios de autonomía competencial y financiera de nuestros ayuntamientos.

Esta reforma deja en el olvido los desarrollos legislativos incipientes, el pacto local, la segunda descentralización… Al mismo tiempo relega a estas administraciones a gestionar los  servicios obligatorios como derecho del ciudadano y  desaparece la política y competencia sectorial local con la pérdida de la dirección política. Paralelamente vulnera los principios democráticos en el ejercicio de la representatividad y poder local y el nulo margen de elección y diferenciación ideológica en la gestión política al quedar claramente restringido el rol local al desarrollo de servicios básicos cuando estos no hayan sido transferidos. Asimismo esta devaluación de la democracia esta presente en la dilución de pequeños municipios a favor de las diputaciones provinciales de régimen común  que como es suficientemente conocido no disponen de un sistema de sufragio o elección directa.

Sería muy extenso a nivel de contenido detenerse en los 28 artículos que el borrador del anteproyecto informado plantea en torno a la modificación de la Ley de Bases del 85. Pero podemos significar que oficiosamente se afirma que de las negociaciones iniciadas se podría suprimir la reducción del 30% de los concejales, se baraja que el gobierno no intervenga los municipios de menos de 5.000 habitantes y se suaviza los límites de las retribuciones para los ediles y alcaldes

Por otra parte, uno de los debates más intensos de este anteproyecto se produce en el cálculo y evaluación de los denominados costes estandar de servicios que será determinante para transferir o no la gestión a las diputaciones. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) emitió un duro informe, no vinculante,  sobre este tema, dado que  qué si la administración fija de una manera unilateral los precios podría conllevar  grandes riesgos para la competencia y la rebaja de ofertas desde las empresas. El Ejecutivo quiere fijar un precio máximo de gestión (en materia de basuras, agua o limpieza) sin contar con los ayuntamientos. Las peculiaridades territoriales en los costes estandar y por extensión hacia todo el proyecto en el respeto de la singularidad de la arquitectura institucional, ha estado presente en las demandas del País Vasco, Cataluña, Andalucía y la propia Galicia, que en el mejor de los casos dispondrían del “derecho de audiencia”.

Estas demandas han venido acompañada en el caso de la Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco de la solicitud realizada ante el Comité de las Regiones por  el “respeto de los fundamentos democráticos” de la autonomía local y al mismo tiempo defensa de la aplicación de los principios de la Carta Europea de la Autonomía Local (1.985). Ciertamente esta clara posición del ejecutivo autónomo choca con las posturas  que sobre este principio se suscitaron en el debate sobre el frustado proyecto de ley municipal vasca. No obstante confiamos que si en alguna ocasión vuelve a reproducirse este debate las dudas se disipen y esta voluntad tenga una formulación expresa para los municipios del País Vasco.

Con mucha certeza las singularidades de la arquitectura institucional vasca y la calidad de los servicios prestados no serán tenidas en cuenta en la nueva ley, pero especialmente negativo para Euskadi sería la desaparición de las mancomunidades si aplicamos determinados costes estandar, los principios de estabilidad o el propio régimen competencial.

Pero por encima de una interpretación corporativa del anteproyecto,  por parte  de los profesionales del sector público, en torno a la subordinación total de la autonomía local al poder central y regional, que en muchas ocasiones queda lejos de la preocupación del ciudadano, la reducción competencial por ejemplo de los servicios sociales en comunidades significadas por su alto nivel de prestaciones si será percibido rápidamente por los usuarios.

Pero al margen de este ejercicio de aproximación a la reforma, lo que inspira esta reflexión se basa en el futuro de la actividad económica o desarrollo local en nuestros municipios, una vez la ley vea la luz. Si bien es cierto, que en las alegaciones presentadas por la FEMP, que a su vez ha recogido diversas aportaciones, entre ellas la de EUDEL, se plantea que en el articulo 25 de LBRL se añada “el fomento de la participación ciudadana y de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo económico local  no lo es menos que este periodo de negociaciones previas se ha caracterizado  por una falta total de espacios de reflexión y dialogo promovido por profesionales que analizaran las estrategias sectoriales para defender en nuestra caso la actividad que las agencias de desarrollo hemos venido realizando estos últimos  25 años.

Ciertamente  lo urgente no debe anular lo importante y en esta ocasión parece que el día a día, la negociación de plazos, decretos, ayudas,…  resta una oportunidad imperiosa de abordar este debate con profundidad y rigor máxime cuando las competencias delegadas que mayoritariamente desarrollan las agencias, organismos autónomos, mancomunidades, sociedades mercantiles,… vinculadas a la promoción económica de nuestros territorios están en peligro.

El momento que vivimos sin lugar a dudas es unos de los mas críticos de nuestra historia, ante esto no nos queda mas que el derecho de audiencia, a la palabra, al debate, a la reflexión, a la denuncia, al alineamiento e implicación de colaboradores,… En suma qué función deben desempeñar aquellos organismos que representan los intereses colectivos en materias tan especificas como el desarrollo local, para no tener que preguntarnos ¿Donde esta la estrategia de la promoción económica y el desarrollo local ante la reforma local en el País Vasco?

Euken Sesé – Gerente de Fomento de San Sebastián, S.A.

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